Sólo los partidos políticos podrían conocer las alertas de riesgo por vínculos delictivos de sus aspirantes a precandidatos o candidatos, pues ningún integrante de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE) puede acceder a esa información.
Además, la alerta será comunicada sólo a una persona del partido, que deberá ser designada para tener vínculo con las autoridades al iniciar el proceso electoral. Otra particularidad es que solo los partidos podrían decidir qué hacer y no estarían obligados a bajar de la contienda a los perfiles señalados.
El documento propone que ni el presidente de la comisión, ni los integrantes del INE tengan acceso a las alertas de riesgo que emitirán la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), principalmente.
En este sentido, el artículo 22 de los Lineamientos prohíbe estrictamente a los integrantes de la comisión abrir, descifrar, consultar, reproducir o revelar el contenido de las resoluciones de las instituciones. Es decir, el trabajo de sólo supervisará los plazos y la estadística.
El INE ha estimado que en 2027 la comisión podría verificar entre 750 mil a 800 mil candidatos de todo el país y de todos los cargos a postularse.