Teresa Yah
Tras indicar que la corrupción incrementa los costos de hacer negocios, desalienta la inversión, genera incertidumbre jurídica y limita la creación de empleos formales, la presidenta de la Coparmex en Quintana Roo, Jovita Portillo Navarro, indicó que, si bien hay esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno para combatir el problema, las cifras muestran que son insuficientes.
El combate al problema debe ser una prioridad nacional, fortaleciendo la transparencia, la certeza jurídica y la integridad pública para impulsar el crecimiento económico y la confianza en las instituciones.
Por ello, el sector pide fortalecer los mecanismos de control, auditorías y supervisión en los tres órdenes; aplicar sanciones efectivas y oportunas contra quienes incurran en actos de corrupción, especialmente si son servidores públicos, y publicar indicadores verificables de resultados.
También simplificar, homologar y digitalizar los trámites para reducir la discrecionalidad y facilitar la actividad empresarial; implementar canales de denuncia seguros y confidenciales para ciudadanos y empresas.
Asimismo, impulsar una política permanente de integridad pública que fortalezca el estado de derecho, la transparencia y la certeza jurídica; combatir frontalmente la extorsión, especialmente cuando involucre a autoridades o a quienes actúen bajo esa apariencia.
Finalmente, garantizar la participación del sector empresarial y la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas anticorrupción, fortaleciendo la vigilancia, la colaboración y la corresponsabilidad.