El diputado presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado Eduardo Martínez Arcila puntualizó que el decreto emitido por el ejecutivo estatal para asumir la seguridad del municipio de Solidaridad no tiene que ser aprobado por el poder legislativo local. Advirtió que es una facultad constitucional al momento de comprobarse la incapacidad del ayuntamiento para atender el tema de inseguridad. Advirtió que no se debe considerar una lucha poder político.
Samuel Caamal