El diputado presidente de la Gran Comisión en el Congreso del estado Eduardo Martínez Arcila informó que ante las reformas que se han realizado para la elección del nuevo Fiscal General del estado se ha establecido que las fracciones parlamentarias saquen las manos y por ello se emitirá una convocatoria abierta y de ahí se definirá el mejor perfil. Además se disminuyo el periodo de funciones de 9 a 7 años.
Cabe mencionar el Pleno de la XV Legislatura aprobó con 21 votos a favor y uno en contra, la reforma a la Constitución de Quintana Roo mediante el cual se dará mayor apertura al proceso de designación de Fiscal General del Estado, al despartidizarlo y tener la posibilidad de que el Congreso pueda realizar una convocatoria abierta a la sociedad civil para la recepción de propuestas al cargo.
En tribuna, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, diputado Eduardo Martínez Arcila destacó que Quintana Roo no es el primer estado que elimina el requisito de residencia para el cargo de Fiscal General, pues en la gran mayoría del país no es exigible este requisito.
También destacó la apertura que se le otorgará al procedimiento de designación del titular de la Fiscalía General, pues con las modificaciones aprobadas, las fracciones parlamentarias están ciudadanizando el procedimiento para abrir paso a la participación de la sociedad civil.
Por su parte, la diputada Leslie Hendricks Rubio votó en contra de la reforma, por considerar que no se estaría cumpliendo con el requisito de mínima vinculación con la comunidad.
La legisladora agregó que homologar nuestro procedimiento con el del Fiscal General de la República, resulta también fuera de proporción por el evidente grado de responsabilidad que es tan diferente en un caso estatal en comparación con ese mismo cargo a nivel federal.
Cabe mencionar que, de acuerdo al procedimiento legislativo correspondiente, la minuta constitucional será turnada a los once ayuntamientos del estado para que sea sometida a consideración de sus respectivos cabildos.
De acuerdo con el dictamen, se eliminó el requisito de oriundez y residencia para establecer que además de ser ciudadano mexicano por nacimiento, las personas interesadas en ocupar el cargo de Fiscal General deben contar con residencia en el país.
En la reforma se especificó que, para el caso del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, sí será exigible el requisito de oriundez o residencia mínima en la entidad.
También se homologará el procedimiento de integración de la lista de candidatos al cargo de Fiscal General del Estado, al previsto en la Constitución Federal, eliminado la disposición que establecía que la presidencia de la Legislatura o de la Diputación Permanente, convocará a los grupos parlamentarios para que presenten hasta dos propuestas para el cargo. Esta modificación permitirá, abrir el procedimiento a las organizaciones de la sociedad civil y de profesionistas, según determinen los integrantes de la Legislatura.
Cabe precisar que, de aprobarse la minuta por la mayoría de los ayuntamientos, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial y entonces la Legislatura contará con un plazo de diez días hábiles para iniciar el procedimiento de designación de Fiscal General, integrando una lista de candidatos aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la XV Legislatura.
El estudio y análisis de la iniciativa, promovida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, estuvo a cargo de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, cuyos integrantes revisaron los detalles de la iniciativa y se expusieron las diferentes opiniones en torno a la propuesta.
De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto de Investigaciones Legislativas, los estados de la República donde no se exige el requisito de residencia para dicho cargo son: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Samuel Caamal